Lunes, 06 Enero 2020 02:29

Alertan por un aumento del 48% en los costos portuarios bonaerenses

Representantes de los puertos privados, de las industrias química y petroquímica y los exportadores de cereales expondrán hoy en el Senado bonaerense su rechazo al incremento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que el gobierno de Axel Kicillof busca aplicar a la actividad portuaria en el marco de la polémica Ley Fiscal 2020.

Dirigentes de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), del Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), a la vez que la Unión Industrial provincial (Uipba) y las cámaras de química y de petroquímica salieron a rechazar el aumento y alertaron que se trata de un incremento confiscatorio que derivará en una "drástica reducción" del comercio exterior desde territorio bonaerense. 

La ley fiscal propone la imposición de un monto fijo a las operaciones portuarias en la provincia, que encarecería 20% la tarifa para importaciones y 48% para el caso un exportador que trae materia prima para producir en Argentina. La modificación acarrearía, por ejemplo, un sobrecosto de u$s 11,5 millones solo a los importadores de fertilizantes, según el sector.

La presidenta del Senado provincial, Verónica Magario, y legisladores de los distintos bloques recibirán hoy a referentes de esas entidades, que el pasado jueves elevaron una carta a la Legislatura, autoridades provinciales y al ministro de Transporte nacional, Mario Meoni, para no alterar la carga impositiva sobre los puertos.     

En el documento, al que tuvo acceso El Cronista, plantearon la preocupación por el impacto en las actividades vinculadas del proyecto si es que se aprueba tal como llegó a la Legislatura. 

Remarcaron que al aumento al 4,5% de las alícuotas generales de Ingresos Brutos para facturaciones superiores a $ 58,5 millones, en lugar de 3,5%, se suma que la ley Fiscal en las operaciones portuarias establece, en su artículo 100°, cifras fijas sobre el peso de la mercadería, más allá del valor del producto y del servicio prestado en la terminal, según se expresa en la nota firmada por Martín Bridici, gerente general de la CPPC, y Gustavo Idígoras, titular de Ciara-Cec. 

Esa situación "tendrá consecuencias ruinosas en las economías de las terminales portuarias alcanzadas", y generará a los puertos bonaerenses una fuerte pérdida de competitividad frente a terminales de la Ciudad de Buenos Aires, de Santa Fe, Entre Ríos y Río Negro, y también, con los de Uruguay. 

Argumentaron que el cálculo por peso de la mercadería y no sobre el valor del servicio es "una imposición confiscatoria, que excede la capacidad del contribuyente". Una terminal cuya tarifa por embarque de cereales es de u$s 3,50; la alícuota es igual a 3,5%, (0,123 dólar). Si se le suman $ 93 (monto fijo por peso de mercadería, u$s 1,60 más), el nuevo IIBB quedaría en u$s 1,723 por tonelada embarcada. 

"Así -se quejan-, el impuesto se incrementa más de 14 veces y, representa casi la mitad del valor del servicio de la terminal".  Completaron que la actividad portuaria tendrá una "reducción drástica, se suspenderán futuros desarrollos y afectará la fuente laboral de miles de trabajadores", además de incentivar el uso de camiones para transportar cargas que no se embarquen. 

Por eso, reclamaron que se desestimen los cambios impositivos sobre las operaciones de comercio exterior que busca Axel Kicillof. Y se reservaron el accionar judicialmente en caso de que demanda no sea escuchada.

El Cronista – Paula López